Una de las consecuencias más riesgosas de la pandemia de la COVID-19 en el Perú es el posible quiebre de la cadena de pagos, de las empresas hacia sus acreedores. Un informe reciente de Reaño & Linares Asesores Financieros, basado en entrevistas a 500 empresas peruanas, reveló que el 75 % de ellas no podría pagar sus cuentas o, cuanto menos, tendría retrasos para ello, por la dificultad para el cobro de sus servicios. ¿Qué hacer para evitar más complicaciones?
Para responder a las necesidades de liquidez que afrontaron muchas empresas tras el anuncio de la cuarentena en el país, durante el 2020, el Gobierno otorgó diversos créditos a través de programas como Reactiva Perú. Estos préstamos tenían un año de periodo de gracia, que para muchas empresas terminará entre marzo y mayo de este año. Sin embargo, estos mismos negocios aún no tendrían la capacidad de pago para empezar a devolver el dinero.
Las deudas más importantes de una empresa son las que pueda tener con el sistema financiero, ya que el incumplimiento de pagos conllevará al deterioro de su calificación crediticia. Una empresa mal calificada, que necesite un préstamo adicional o una nueva operación crediticia, ya no podrá solicitarla en ninguna oficina, debido al riesgo que conlleva para la entidad financiera. Ahí es cuando se quiebra la cadena de pagos.
La ruptura de la cadena de pagos puede generar la quiebra inmediata de una enorme cantidad de pequeñas empresas en el Perú, lo que incrementaría los niveles de desempleo y pobreza.
Ante este hecho, es necesario que el Gobierno analice la situación, junto con entidades técnicas como Cofide y el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), y amplíe el periodo de gracia hasta seis meses más, para sumar un total de año y medio. En ese tiempo adicional, se espera la reactivación de la economía y, por lo tanto, de las empresas, lo que permitiría que se restaure la cadena de pagos.
Al sistema financiero no le conviene perder a clientes puntuales en sus pagos, que ahora registran atrasos por las dificultades que afrontan. Por ello, desde fines del año pasado, les ofrecen opciones de reprogramación de deudas. Esta reprogramación obedece a causas exógenas, es decir, que no son responsabilidad del cliente, como la llegada de la pandemia. Es importante tener claro este concepto y no confundirlo con refinanciación, donde la imposibilidad de pago sí es responsabilidad del cliente.
Hoy existen opciones de reprogramación de deuda para clientes de la banca minorista, es decir, micro y pequeñas empresas (mypes), negocios de consumo y de créditos hipotecarios. Todos ellos pueden acceder a periodos de gracia de 30, 60 y hasta 90 días. Otra alternativa es la cuotización, un mecanismo dirigido a quienes tienen tarjetas de créditos y cuya deuda actual puede colocarse en un cronograma de hasta 60 meses. Así, la cuota mensual a pagar disminuye de forma considerable.
Una tercera opción es la ampliación del cronograma mediante un periodo de gracia. No obstante, si un negocio tiene la capacidad de pagar sin recurrir a este periodo, es mejor no solicitarlo, ya que también tiene un costo. La ampliación puede abarcar hasta 60 meses, en promedio. Para los créditos vehiculares, puede extenderse hasta 72 meses.
La ruptura de la cadena de pagos puede generar la quiebra inmediata de una enorme cantidad de pequeñas empresas en el Perú, lo que incrementaría el nivel de desempleo y, por lo tanto, de pobreza. Por eso, es necesaria la ampliación de los plazos de gracia para programas como Reactiva Perú y FAE-Mype, al menos por seis meses más y con mecanismos para facilitar la reprogramación de deudas. ¿Qué otras medidas serían necesarias? Déjanos tu opinión.
La ruptura de la cadena de pagos puede generar la quiebra inmediata de una enorme cantidad de pequeñas empresas en el Perú, lo que incrementaría los niveles de desempleo y pobreza.
Una buena gestión financiera permitirá a los negocios prever posibles situaciones futuras y diseñar estrategias para afrontarlas de manera efectiva. Para lograrlo, los gerentes necesitan actualizar su perfil.
Desde hace ocho años, el Perú viene siendo calificado como el país que tiene el entorno más propicio para la inclusión financiera a nivel mundial según el Microscopio Global 2015, elaborado por The Economist Intelligence Unit (EIU). Este hecho tiene un significado de enorme trascendencia en un país que se encuentra en vías de desarrollo, y en donde los gobiernos tienen como uno de sus principales objetivos promover los servicios financieros en segmentos de la población que son tradicionalmente excluidas.