Sin embargo, el Perú solo ha invertido un promedio de US$ 2,500 millones anuales en la última década, lo que representa el 2,3% del PBI -por debajo del 3% de la región-, de acuerdo con un estudio del Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial de la Cámara de Comercio de Lima.

Hasta el 2012, el Perú había crecido a tasas por encima del 6% (a excepción del 2009), pero en el primer trimestre de este año crecimos solo 4.8 %. Además, la inversión privada registró su menor tasa de expansión (7.4%) desde el cuarto trimestre del 2009, cuando superábamos el 12%.

Dado este escenario, el presidente Ollanta Humala lanzó siete iniciativas para generar un "shock de confianza" y así destrabar las inversiones. A finales de marzo, el Gobierno reestructuró el equipo técnico de ProInversión y creó, en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), un Comité Especial de Proyectos de Inversión Pública. Este se encargará de reformular proyectos de inversión pública que no estén en etapa de ejecución, cuyo objetivo sea la provisión de infraestructura y la prestación de servicios públicos prioritarios, con el fin de desarrollar asociaciones público-privadas (APP).

¿Esto será eficaz? ¿Nos ayudará a avanzar más rápido? Al respecto, lo único que se sabe por parte de ProInversión es que el comité ayudará a crear sinergias, pero se precisa que los procesos de concesión seguirán siendo los mismos. Estos son calificados como complejos y contingentes. Pese a ello, el comité ofrecería otros beneficios.

Los especialistas en infraestructura e inversiones opinan que el comité es importante porque ayudará a identificar las trabas en los procesos de inversión y de APP, y porque su presencia será una buena señal al mercado; además, aplauden que el comité fuera liderado por Alonso Segura, ex economista del área de Estudios Económicos del BCP, pero sobre todo tendrá el peso necesario para impulsar proyectos, sin duplicar esfuerzos, al depender del MEF.

Julio Vidal, socio del estudio Carrizales & Vidal Abogados, dice que la creación del comité implica tener un equipo especializado que estudiará las iniciativas privadas cofinanciadas y priorizadas. Explica que estas son claves para reducir la brecha en infraestructura, pues utilizan recursos del Estado que muchas veces se revierten al Tesoro Público, porque los gobiernos locales y regionales no tienen proyectos para ejecutar.

Esto parece ser un buen camino, pues ya se ha presentado una iniciativa cofinanciada y hay empresas extranjeras importantes que están interesadas en desarrollar proyectos de saneamiento, infraestructura vial, salud, educación y residuos sólidos bajo esta modalidad. Pero el déficit en infraestructura y la caída en la inversión privada no se resolverán solo con un comité.

Los especialistas aseguran que su creación es un "parche" y que no acelerara la adjudicación de obras por sí solo. Entonces, ¿cuál es la solución? Vidal sugiere que las instrucciones del comité a las entidades involucradas en las iniciativas privadas serán de carácter obligatorio.

ProInversión maneja una cartera de unos 30 proyectos por cerca de US$ 12,000 millones y busca comprometer alrededor de US$ 8,000 millones en los próximos ocho meses. Se está avanzando, pero hay obstáculos que aún no se resuelven y que escapan de las competencias del comité. Hay que apresurar la marcha.

¿Qué medidas plantearía para destrabar la inversión privada en el país?

Esta entrada contiene un artículo de:

Alfonso Núñez

Magíster en Administración UNMSM. Magíster en Liderazgo del Project Management Institute (Project Management Institute Leadership Master Class). Magíster en Gestión y Desarrollo ICTE, Certificación de Project Management Professional (PMP) por el Project Management Institute (PMI).

Profesor de la Maestría en Project Management de ESAN