La gran mayoría de peruanos (por no decir todos) nos hemos preguntado en más de una ocasión por qué no terminamos de dar ese impulso necesario para lograr la transformación a un país desarrollado. La respuesta a esta interrogante resulta compleja por la gran cantidad de aspectos a considerar, pero hay uno en particular que vale la pena analizar: la administración pública, la misma que tiene una gran responsabilidad porque le toca liderar las reformas necesarias para mejorar el bienestar de todos los peruanos a través de agregar valor a la materia prima, la construcción de infraestructura sostenible y la mejora de la calidad de los servicios, en especial los de educación, salud, seguridad y justicia, demandados por la población a nivel nacional, esto independientemente de si las intervenciones se realizan  con recursos públicos o privados.

Para analizar el desempeño de la administración pública es necesario ser conscientes de los graves problemas que enfrenta el recurso humano que labora en las instituciones del Estado. Estas trabas que tienen los empleados públicos estás vinculados a los niveles insuficientes de preparación técnica o profesional; al poco interés de resolver rápido los problemas burocráticos en favor de una población que por décadas no ha sido atendida; a la alta rotación ligada al cambio de autoridades; a las restricciones de incremento de personal o de retribuciones cuando los niveles de recursos que hoy se administran distan mucho de cuando era necesaria una extrema austeridad; a los intereses partidarios o los intereses de altos funcionarios para conservar su puesto o sacar provecho de éste, y a la ausencia de claras medidas para combatir la corrupción entre servidores estatales y/o compartida con el sector privado.

Como se puede apreciar, no son pocas las problemáticas que se desprenden de la función pública. Por ello, hace doce año se suscribió el Acuerdo Nacional en consenso entre los sectores público y privado, donde se presentaron dos políticas de Estado vinculadas y destinadas a mejorar la gestión pública: "la política 24. Afirmación de un Estado Eficiente y Transparente" y "la política 26. Promoción de la ética y la transparencia y erradicación de la corrupción, el lavado de dinero, la evasión tributaria y el contrabando en todas sus formas".

Sobre la base de ambas políticas, la 24 y 26, se vienen implementando el Código de Ética de la Función Pública, el Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción y la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública; para que el ciudadano reciba bienes y servicios de calidad al menor costo posible.

Ahora, si se quiere lograr cambios en la calidad y comportamiento del recurso humano al servicio del ciudadano la normativa no es suficiente, más aún si se busca conseguir los objetivos de la política nacional de modernización de la gestión pública. Para conseguir estas metas se requiere principalmente de un claro liderazgo para conducir y sostener la implementación de la política a través del tiempo hasta lograrlo, de reformas estructurales como la de educación con valores y la carrera pública, y de la actuación con independencia en los poderes del Estado y de los organismos de control y de justicia.  

Aparte de las políticas 24 y 26 del Acuerdo Nacional ¿qué medidas se pueden adoptar para mejorar la Administración Pública?

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Hilda Sandoval

MBA, CENTRUM. Ex Viceministra del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Gerente General del Banco de Materiales S.A., Jefe de Riesgos en PROINVERSION, Directora Ejecutiva de FONAFE (Holding de las Empresas del Estado), Asesora en el Fondo MIVIVIENDA S.A. y en el Ministerio de Economía y Finanzas. Profesora de la Dirección de Programas Institucionales de ESAN.