El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) reveló un alarmante aumento de la pobreza en nuestro país, que pasó del 27.5 % al 29 % en 2023. Esto significa que 9.78 millones de personas viven en condiciones de pobreza. Este incremento ha sido pronunciado, sobre todo, en regiones con alta actividad minera, como Cajamarca, Cerro de Pasco y Puno, donde más del 40 % de los habitantes viven bajo la línea de pobreza. En la presente entrega, desarrollamos con profundidad estos y otros aspectos.

En Cajamarca, donde se encuentra la mina de oro Yanacocha, más del 45 % de la población vive en pobreza. De igual manera, Cerro de Pasco, conocido por su producción de plata y zinc, presenta un índice de pobreza de 42 %, mientras que, en Puno, con actividades mineras centradas en el oro, la pobreza afecta al 40 % de sus habitantes. Según datos de la Red Muqui, una organización autodefinida como defensora del desarrollo sostenible, el sector minero no ha logrado traducir sus ganancias en mejoras significativas en el bienestar de las comunidades locales, a pesar de los grandes ingresos generados.

Inversión minera y pobreza extrema

Entre el 2005 y el 2021, las regiones mineras recibieron más de S/66 765 millones en ingresos por actividades mineras. Sin embargo, solo se ejecutó el 62 % de los proyectos de obras públicas planeados. En Cajamarca, por ejemplo, se registraron ingresos de S/6500 millones, pero solo se ejecutó el 60 % de los proyectos. Cerro de Pasco recibió S/2300 millones y ejecutó apenas el 58 % de sus proyectos, mientras que Puno, con ingresos de S/3000 millones, ejecutó el 61 % de sus proyectos.

Los ejemplos antes mencionados reflejan la clara y reiterativa ineficiencia en la gestión de los recursos, lo que se traduce en un grave problema de pobreza extrema en estas regiones. Cerca de dos millones de personas en todo el país viven en pobreza extrema, con ingresos insuficientes para cubrir una canasta básica de alimentos. En Cajamarca, el 12 % de la población afronta esta situación, mientras que, en Cerro de Pasco y Puno, la cifra alcanza el 10 % y 11 %, respectivamente. Estos datos destacan la urgente necesidad de mejorar la capacidad de gestión e ingeniería en el sector público para aprovechar de forma adecuada los ingresos provenientes de la minería y cerrar las brechas de desigualdad.

En síntesis, el subdesarrollo no es un problema causado por las mineras formales que cumplen sus obligaciones regulatorias y tributarias, sino por la mezcla fatal de ignorancia, desidia y corrupción de algunas autoridades. Ello incluye al Gobierno central y a diversas autoridades regionales y locales.

Impacto de la rebaja de calificación crediticia de S&P

En adición a lo antes esbozado, se suma la agencia de análisis de riesgos Standard & Poor’s (S&P), que recientemente redujo la calificación crediticia del Perú de BBB a BBB-. Esta rebaja crítica refleja la creciente incertidumbre política y económica que enfrenta el país, lo que limita la capacidad del Gobierno para implementar políticas efectivas que impulsen el crecimiento económico y reduzcan la pobreza.

La baja calificación también implica que nuestro país tendrá que pagar tasas de interés más altas para financiarse, lo que reducirá los recursos disponibles para invertir en sectores clave como educación, salud e infraestructura. Diego Macera, director del Instituto Peruano de Economía (IPE), explicó que esta situación agrava la percepción de riesgo sobre la economía peruana, lo que afecta a inversores nacionales y extranjeros. Ante este escenario, el Gobierno necesita restaurar la confianza con urgencia. Ello, según vaticinó Michael Porter durante su visita al Perú en el 2009, requeriría reformas grandes y, sobre todo, urgentes.

El vaticinio de Porter

En esencia, Porter sostuvo que, a largo plazo, la economía peruana enfrentará desafíos significativos relacionados con la baja productividad, la deficiente educación, el sistema de salud inadecuado, la infraestructura física deficiente, la desigualdad social, la corrupción generalizada y el alto nivel de informalidad. Asimismo, indicó que, para mejorar la competitividad, es fundamental que el país logre aumentar su productividad, mediante una mejor educación para formar profesionales y técnicos competentes. Esto contrasta con la salida de más de 400 000 jóvenes peruanos en el 2023 y se espera que, este año, la cifra alcance los 700 000.

Porter también acotó que es primordial desarrollar la infraestructura y aprovechar los recursos naturales para atraer nuevas inversiones porque las empresas e inversiones —según argumentó— requieren un entorno favorable que respete las leyes y contratos, además de asegurar estabilidad y continuidad. Por último, subrayó que los logros recientes de Perú están en riesgo si no se limpia el sistema judicial, se defienden los derechos de propiedad y se reforma la burocracia que entorpece el desarrollo. Si consideramos la creciente alza de la actividad minera informal, el panorama vaticinado por Porter refleja un acertado análisis.

Situación del Reinfo y la minería informal

Es indudable que la actividad minera informal ha ganado terreno. Cálculos recientes evidencian que el terreno devastado en Madre de Dios alcanza el tamaño de Lima. Si bien se han gestionado mecanismos para su control, estos han sido poco eficaces. Por ejemplo, el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) emergió como un instrumento clave para intentar formalizar a los mineros informales en el Perú. Sin embargo, su efectividad ha sido limitada. Desde su creación, muchos mineros no han logrado completar el proceso de formalización debido a diversos obstáculos administrativos y económicos.

A finales del 2023, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) decidió impulsar una nueva Ley de Formación y Promoción de la Pequeña Minería y Minería Artesanal para reemplazar al REINFO. La nueva ley busca crear un marco más efectivo para formalizar a la pequeña minería y a la minería artesanal, al corregir las deficiencias del Reinfo. Se estima que, en la actualidad, hay miles de mineros con inscripciones suspendidas en el Reinfo que enfrentan la amenaza de exclusión definitiva del registro si no cumplen con los requisitos establecidos.

La implementación de esta nueva ley es crucial para ofrecer una alternativa viable que permita a estos mineros operar de forma legal, mediante su contribución a la economía formal y la mejora de sus condiciones de trabajo y de vida.

Estrategias urgentes para un desarrollo sostenible minero a futuro

Abraham Chahuán, presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), sugiere que, para enfrentar estos desafíos, es esencial una mayor inversión en infraestructura y proyectos sociales. En este contexto, Moquegua se presenta como un ejemplo positivo por su capacidad de ejecutar con éxito proyectos de infraestructura. En la actualidad, el 85 % de sus proyectos se ejecuta con ingresos mineros. Este modelo podría replicarse en otras regiones para mejorar el uso de los recursos disponibles.

Es de suma importancia impulsar la colaboración entre el sector público y privado. Las empresas mineras contribuyen de manera significativa mediante programas como obras por impuestos, que permiten invertir de forma directa en proyectos de desarrollo local. Para fines de 2024, se espera que estos programas hayan generado más de S/500 millones en inversiones en infraestructura y servicios públicos, para beneficiar a miles de personas en las regiones mineras.

Presencia del Estado y el rol creciente de la responsabilidad social corporativa

La responsabilidad social corporativa también juega un papel vital. Empresas como Anglo American y Southern Copper han iniciado proyectos de desarrollo comunitario en Moquegua y Tacna, como parte de los cuales han invertido en educación, salud y vivienda. Por su parte, Antamina ha trabajado muy fuerte en materia de obras por impuestos (OxI), mientras que Las Bambas apuntan hacia una gestión comunitaria proactiva.

Estos esfuerzos han mejorado la calidad de vida de miles de familias y podrían servir de modelo para otras regiones. Por ende, consideramos fundamental que el Gobierno nacional asuma un rol más activo en la supervisión y gestión de los recursos mineros. Esto incluye garantizar una distribución equitativa de los ingresos y asegurar que los proyectos se ejecuten de manera eficiente y transparente. Por ejemplo, la creación de un fondo de estabilización, alimentado por los ingresos mineros, proporcionaría una red de seguridad para las comunidades durante los períodos de fluctuación de precios de los minerales.

Estamos convencidos de que la minería peruana tiene el potencial de ser un motor de desarrollo en el Perú. No obstante, para lograr un impacto positivo y sostenible, es necesario mejorar la gestión de los recursos, fomentar la colaboración entre los sectores público y privado. Quizá lo más urgente es el aseguramiento de los recursos generados por el sector mediante una eficiente gestión de Gobiernos locales y regionales. En otras palabras, se necesita una distribución equitativa de los beneficios económicos que propicie la generación de valor compartido. No hay más ciencia ni análisis al respecto. Solo así podrá revertirse el alarmante aumento de la pobreza y mejorar la calidad de vida de todos los peruanos, sobre todo en las regiones más afectadas por la actividad minera.

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