
A nivel mundial, los estados reconocen cada vez más la importancia de las contrataciones públicas en pro del beneficio de la comunidad y la generación de ventajas económicas. Ricardo Herrera, Magíster en Derecho Constitucional y docente en ESAN, señala que son tres los principios para cumplir con una contratación eficaz: la transparencia, la selección y la meritocracia.
"Un concurso público para ocupar una plaza en el Estado es la única manera por la cual se puede ingresar a la planilla estatal", señala. Aquí es necesario realizar la convocatoria en la web pública de la institución o en los principales portales, con suma transparencia. De este modo, cualquiera que cumpla con los requisitos o el perfil puede acudir a tiempo y en justa medida.
En segundo lugar, en cuanto a selección, Herrera indica que el comité encargado del proceso de reclutamiento debe hacer cumplir todos los parámetros para elegir a la persona adecuada. Según la perspectiva de estos profesionales, no debe haber ningún factor que afecte este proceso, ningún incentivo o tipo de proximidad. Para ello también es necesario consultar las leyes, normas y prohibiciones de contratación del Gobierno.
Por último, la meritocracia es fundamental desde el inicio de la convocatoria pública, pues a partir de allí se trata de incentivar al mejor candidato. Gracias a la Ley del Servicio Civil (o Servir), la meritocracia será un faro conductor entre la relación laboral del trabajador y el Estado. Esto le permitirá crecer, desarrollarse como profesional, escalar en una línea de carrera y proyectarse a largo plazo.
La medición de la productividad y el rendimiento es importante para efectos de conservar el puesto laboral. La aprobación de las evaluaciones de desempeño no solo sirve para la contratación del personal, sino también para su permanencia. Y es, gracias a la transparencia en una institución pública, que un empleado no debe ni puede permanecer laborando si su desempeño no es el adecuado. Esto sería a costa de alguien que sí podría cubrir eficazmente su posición.
Por otro lado, Franco Muschi, docente del PEE en Derecho Corporativo en ESAN, indica que existen otros principios complementarios que se pueden sumar como guía para las contrataciones públicas. Estos son la igualdad de oportunidades, la estabilidad y la justa distribución.
De acuerdo con la Autoridad Nacional del Servicio Civil, en el sector público hay un 11 % de informalidad. Son aproximadamente un millón y medio de personas que trabajan en el Estado bajo tres regímenes laborales. El más conocido es el CAS (Contratación Administrativa de Servicios), dentro del cual los empleados no tienen derecho a gratificaciones ni CTS.
Desde que se implementó la Ley Servir, se estableció una reforma en este sector. Hasta hace unos años no existía despido por bajo rendimiento, lo que hacía que ni la meritocracia ni los otros dos principios se cumplieran con rigurosidad. Hoy, la ley establece mecanismos de desvinculación para los trabajadores que no sean eficientes.
De allí radica la importancia de cumplir con los principios de las contrataciones públicas. Sin aquellos, no solo se perjudicaría a las instituciones públicas, sino a todos los ciudadanos que reciben los servicios de las mismas.
Fuentes:
Entrevista a Franco Muschi, profesor en el PEE en Derecho Corporativo de ESAN.
Entrevista a Ricardo Herrera, Magíster en Derecho Constitucional y docente en ESAN.
El Comercio. "El sector público bajo la lupa: ¿De qué sirve Servir?".
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