La presión tributaria en el Perú es como ir en un vehículo por un camino repleto de obstáculos. Ante esta situación, el conductor se baja del vehículo, analiza los obstáculos e identifica unas hormigas y varios elefantes rosados frente a él. ¿Cuál de estos constituirá el obstáculo que le impide avanzar?

Problemática actual

José Arista, actual ministro de Economía, declaró al diario El Comercio, en febrero de este año: “Yo he visto en provincias que la llegada de la Sunat es nula. Un día fui a la Sunat (en una zona de provincias), pregunté dónde está el gerente de fiscalización y me contestaron que estaba haciendo teletrabajo desde Lima. ¿Pero cómo un gerente de fiscalización va a estar haciendo teletrabajo desde Lima?”.

Desde hace años, las autoridades peruanas han anunciado que el país será parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), lo que, sin duda, es una excelente noticia. Sin embargo, según las cifras de esta institución al 2022, la presión tributaria (porcentaje del producto bruto interno que paga tributos) del Perú es de 17.9 %, cuando el promedio del mismo indicador de los miembros actuales es de 34.19 % y el de la región latinoamericana es de 21.23 %. Además, de los 27 países latinoamericanos con datos publicados por la OCDE sobre presión tributaria, el Perú ocupa el puesto 19. ¿Estarán informadas al respecto nuestras autoridades?

Un problema antiguo

Este es un problema que arrastramos desde hace muchas décadas, considerando que un gran porcentaje de la economía peruana es informal. Un aumento de 1 % en la presión tributaria en el Perú representa aproximadamente S/9500 millones al año, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). ¿Cuántos recursos tendrían Sunat, la Policía, las Fuerzas Armadas, el Tribunal Fiscal, la Fiscalía, el Poder Judicial y los diferentes organismos del Estado peruano con solo un 1 % de aumento en la presión tributaria? Para aumentar la presión tributaria no es necesario crear nuevos impuestos, sino exigir el cumplimiento de los ya existentes, de manera eficiente y técnica.

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Una decisión polémica

El 12 de marzo de 2024, el Congreso de la República aprobó derogar una disposición del Decreto Legislativo n.o 1607, promulgado en diciembre de 2023, con 80 votos y exoneración de segunda votación. Esta aprobación limita la facultad del Estado peruano para combatir la minería ilegal, que mueve alrededor de USD 4000 millones anuales e involucra la actividad de no menos de un millón de personas en nuestro país.

Diferentes gremios cuestionaron el accionar del Congreso por esta medida. Es conocido por todos que la minería ilegal involucra una deforestación brutal de la naturaleza, explotación infantil, trata de personas, corrupción y múltiples delitos adicionales. Alguien se ha preguntado por dónde pasan las toneladas de insumos necesarios para que funcione este negocio ilícito. ¿Cómo es posible que no se detecten empresas que mueven USD 4000 millones anuales mediante esta actividad? Es evidente que las empresas involucradas en la minería ilegal no emiten comprobantes de pago cuando venden sus productos y, por tanto, tampoco los solicitan a sus proveedores.

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