El arbitraje es un medio por el cual los particulares y el Estado deciden resolver sus conflictos legales, a través de especialistas que son designados por las partes. La decisión de estos expertos tiene el mismo valor que una sentencia judicial y es de cumplimiento obligatorio. Los empresarios temen acudir al Poder Judicial por la demora que esto significa y porque, a pesar de haber buenos jueces, también hay aquellos que no facilitan la labor empresarial.

Hoy el Perú es receptor de gran capital del exterior gracias a que, entre otras formas de seguridad jurídica, nuestro país ofrece el arbitraje. Cuando hablamos del capital privado nos referimos a los proyectos de gran envergadura, como los que se ejecutan en el sector hidroeléctrico, energético, transportes y comunicaciones, entre otros.

Cuando un inversionista considera que el Estado ha violado o incumplido el contrato o ha aplicado alguna medida que afecta a la empresa, decide demandar al país alegando la cláusula arbitral de los convenios firmados. Perú forma parte del Tratado de Washington, que depende del Banco Mundial. Esta instancia presenta una lista de especialistas, árbitros de diferente nacionalidad a las partes en conflicto, quienes eligen al presidente del tribunal con el fin de que se inicie el procedimiento.

La especialización de los árbitros que resolverán el conflicto es una de las grandes ventajas del proceso, en comparación con el Poder Judicial donde un solo juez puede ver una serie de materias. El Estado peruano tiene hoy un sistema de defensa judicial.

El Perú tiene varias demandas ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias (CIADI), uno de los más conocidos fue el de la empresa chilena Luchetti. En todos, al Estado peruano le ha ido bastante bien.

El Poder Judicial no es un problema exclusivo del Perú. A nivel mundial se está generando un nuevo mecanismo alternativo para resolver las controversias de manera ágil, flexible, imparcial, independiente y con seguridad jurídica. Para tener una idea de esto hoy existen más de 2,000 tratados bilaterales de protección a la inversión en los que se establece el arbitraje entre los Estados y la inversión extranjera, es decir, todo aquel Estado que quiere captar una inversión debe formar parte del CIADI para poder darle la tranquilidad jurídica al inversionista.

¿Está garantizada la seguridad jurídica con el arbitraje como solución de controversias para la inversión? ¿Cree que el Poder Judicial debería resolver estos conflictos?

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Gonzalo García

Magister en Derecho Internacional Económico, Pontificia Universidad Católica del Perú. Abogado por esta misma Universidad. Socio de García Calderón, Vidal, Montero & Asociados Abogados.
Profesor de la Maestría en Finanzas y Derecho Corporativo de ESAN