Tanto la minería ilegal y la minería informal trabajan al margen de la ley. No cumplen los requisitos para realizar esta actividad económica. La diferencia es que los mineros informales son aquellos que ya iniciaron o están dispuestos a comenzar una etapa de formalización con el Estado. Sin embargo, en el transcurso, siguen poniendo en riesgo sus vidas y las de terceras personas, e impactando al medio ambiente.
En el 2018, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) esperaba formalizar cerca de 12 mil mineros informales. Pero hoy la situación es mucho más grande, puesto que el economista Hernando de Soto señala que hay unos 500 mil en las zonas mineras esperando lo mismo. Esto, además, sin contar a las familias que los ayudan con el transporte y otras actividades dependientes.
"A partir de 1990, el precio del oro comenzó a subir drásticamente durante toda la década, como una de las consecuencias de esta actividad", indica Ricardo Cayo, docente del Programa de Alta Especialización en Gestión Integral para la Minería Moderna de ESAN. "Mucha gente de Arequipa, Puno o Cusco comenzó a ir a Madre de Dios para realizar minería informal. Esta era la región más conservada de la Amazonía peruana, pero, a partir de esta actividad, muchas zonas allí fueron explotadas y degradadas", detalla el experto.
La situación de la minería informal en el Perú es crítica, afirma Cayo. "De las 25 regiones del país, 21 poseen minería ilegal e informal, sobre todo para la extracción de oro, que es el proceso más sencillo. Asimismo, se producen 24 mil kilos anuales de oro por parte de la minería ilegal e informal. A su vez, esto genera 48 mil kilos de mercurio al año, lo cual sí es un elemento contaminante para cualquier organismo", añade el académico.
Según Ricardo Cayo, el proceso de formalización es difícil. "Los mineros informales no cumplen con estudios de impactos ambientales, no cuidan su salud ni la del ecosistema. Es un proceso confuso en el que intervienen mafias, corrupción y otros factores".
Hernando de Soto, por otro lado, indica que el procedimiento demora, por lo menos, 1200 días de trámite y solo para que sea reconocido por el Estado. Después, el proceso restante podría duplicar o triplicar este tiempo. De hecho, la minería informal afecta tanto a la economía que, de formalizarse, podría hacerla crecer hasta en un 10 % al año.
El trámite para la formalización incluye dos partes. La primera es el derecho a titularidad (de un área minera). La segunda es la certificación de la propia actividad minera. Cada una requiere de concesiones por parte del Estado, inscripción de títulos, autorización para el uso del terreno superficial, entre otros aspectos a cumplir.
El Perú, como país de antigua tradición minera, basa gran parte de su economía en esta actividad. Es por ello que los ejecutivos que laboren en este rubro deben atender y generar cambios positivos en todo tipo de extracción, desde la legal, ilegal e informal. Solo así se podrá llegar a un fortalecimiento de esta industria que favorezca tanto a las empresas privadas como al sector público.
Fuentes:
Entrevista a Ricardo Cayo, docente del PAE en Gestión Integral de Minería Moderna en ESAN.
Andina. "Perú espera formalizar 12 mil mineros informales para el 2018".
Gestión. "Hernando de Soto: Hay más de 500,000 mineros informales en el Perú".
RPP. "¿Cuál es la diferencia entre minería informal y minería ilegal?".
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