Hoy en día, si un consumidor se siente engañado por su proveedor, puede, en primer lugar, reclamar a su mismo proveedor. En el caso de los servicios públicos (saneamiento, energía, telecomunicaciones), el consumidor está obligado a acudir al proveedor. De no encontrar solución, puede optar por una solución sea en la vía administrativa, la vía arbitral o la vía judicial. La vía arbitral y la vía judicial son costosas; por el contrario, la vía administrativa es relativamente barata y, de no estarse satisfecho en su resolución, siempre se tiene la posibilidad de acceder al Poder Judicial. En el Perú, casi el 100% de los casos de reclamos que sobrepasan el nivel del proveedor se tramitan por la vía administrativa. En el caso de los servicios públicos, a través del regulador respectivo (Osiptel, Sunass y Osinergmin), y en el resto de actividades económicas, a través del Indecopi. Muy pocos acuden al sistema arbitral o en forma directa al Poder Judicial. Miles de miles de casos no son atendidos ni a nivel de los proveedores ni a nivel de la justicia administrativa. En realidad, los consumidores sufren de delgadez, poca profundidad y escasa resiliencia en la atención y servicio de la justicia de consumo.

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