El Análisis de Impacto Regulatorio o RIA pos sus siglas en inglés constituye una herramienta que busca asegurar que las decisiones de política pública y regulaciones que adoptan las autoridades se basen un riguroso análisis costo-beneficio. Contrariamente a lo que podría pensarse, se trata una herramienta que debe ser empleada no solo por los organismos reguladores de servicios públicos, sino por toda la administración pública que ejerce el rol normativo o regulatorio: Congreso de la República, ministerios, gobiernos locales. Sin embargo, en estos últimos casos, el Perú enfrenta retos importantes.

Si bien el RIA ha sido creado en el marco de la OECD, en realidad dicha herramienta se basa en un conjunto de buenas prácticas y lecciones aprendidas a lo largo del tiempo por sus países miembros. Estas buenas prácticas han dado lugar tanto a recomendaciones relativas a aspectos procedimentales como sustantivos de la regulación.

Entre los primeros destaca la necesidad de que los procesos regulatorios sean de carácter abierto y participativo, que la información sea accesible, que las propuestas se publiquen previamente, que se otorguen plazos razonables para su discusión y que existan mecanismos transparentes de toma de decisiones.

En este aspecto, tal como lo reconoce la propia OECD, Perú ha avanzado de manera importante, especialmente en lo que respecta a sus reguladores económicos. Sin embargo, lamentablemente, estas prácticas no se observan en otros niveles de la administración pública. Los Organismos Reguladores que han venido implementando este tipo de prácticas desde fines de los noventas, en tal sentido, podrían liderar un proceso para que su accionar se replique en los distintos estamentos del Estado que ejercen la función normativa o regulatoria.

En cuanto a las recomendaciones sobre los aspectos sustantivos de la regulación, destacan la necesidad de que las regulaciones estén basadas en la definición clara y precisa de los problemas que con ella se busca resolver, que dicha justificación esté basada en evidencia, que se sustente y explicite que los beneficios derivados de la intervención superen sus costos incluyendo aquellos derivados de hacer cumplir la regulación. 

En este aspecto, los Organismos Reguladores han acumulado una experiencia importante durante los últimos años en el análisis costo-beneficio de sus decisiones, que puede sistematizarse a través de la implementación explícita del RIA en sus marcos normativos.

Recientemente, OSIPTEL lo ha hecho mediante Resolución Nº-035-2016-PD-OSIPTEL. No obstante ello, existe una necesidad apremiante de introducir y generalizar el análisis costo-beneficio a otros niveles de gobierno, en donde los avances son menores.

El ingreso del Perú a la OECD constituye el escenario ideal para promover el uso generalizado del análisis costo-beneficio en las decisiones de políticas públicas a nivel de todos los estamentos del Estado. Esta es una de las razones por la que el ingreso del Perú a esta instancia es una oportunidad de reforma y mejora del rol del Estado.

¿Qué cambios o reformas se requieren para que todas las instituciones públicas implementen el RIA en sus organizaciones?

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Gonzalo Ruíz

Doctor en Economía  de la Pontificia Universidad Católica del Perú; Master of Arts in Economics, Programa de Postgrado en Economía ILADES/Universidad de Georgetown, Santiago de Chile. Presidente del Consejo Directivo del Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones - OSIPTEL. Ha laborado en instituciones como INDECOPI, OSITRAN, MEF, entre otros. Profesor del curso Derecho de la Propiedad Intelectual del PEE en Derecho Corporativo de ESAN.