El rol del Ministerio del Ambiente (Minam) ha saltado a la palestra a raíz del desastre ecológico que sufrió el Perú por parte de Repsol tras el vertido de miles de galones de petróleo contaminando más de 20 playas del litoral. En dicho contexto, la cartera que ahora dirige el Dr. Modesto Montoya deberá garantizar una gestión netamente técnica del problema, es decir, deslindar cualquier elemento de corte político para concentrar sus esfuerzos en ejecutar medidas preventivas y de índole regulatorio no solo para el sector de hidrocarburos sino también para todas aquellas actividades vinculadas a la extracción de recursos naturales, empresas de logística y de transporte, de consumo masivo y de comercio, es decir, toda actividad cuyo potencial de generar impactos negativos en el medioambiente está siempre latente y/o es de alto riesgo.

En cuanto al flamante ministro, el Dr. Montoya cuenta con los pergaminos y laureles académicos que, bajo una mirada ex-ante, lo posicionan como apto para el cargo. Sin embargo, aplicando un análisis más conservador, cabe recordar que son las acciones y los resultados los que determinan la calidad y el éxito de la gestión de cualquier funcionario o ejecutivo público o privado. En ese sentido, serán necesarias las intervenciones pragmáticas y eficientes dispuestas por el ministro Montoya lo que determinará su idoneidad para el puesto que actualmente ocupa. Al respecto, habrá que estar atentos a las iniciativas emprendidas por el Minam especialmente en referencia a la selección e inclusión de cuadros técnicos -y no políticos- que se decida convocar. Dicho de otra forma: más especialistas calificados y cero partidarios entusiasmados.

Por otro lado, en ninguna circunstancia se debe dejar todo el proceso de limpieza a criterio de la empresa, ya que esto revelaría una total carencia de Estado de derecho. Urge que el Minam, mediante la conformación de estos equipos de especialistas ad hoc, se haga cargo del monitoreo y seguimiento de cada uno de los progresos de remediación y que, para ello, se empleen indicadores específicos medibles y transparentes para evitar las opiniones o percepciones puramente cualitativas.

Derrames de crudo: un problema recurrente

Los derrames de petróleo, como el acaecido recientemente, tardan años en revertirse. Y es que aproximadamente fueron más de 10 000 barriles de petróleo flotante disperso en alrededor de 1 800 000 metros cuadrados. Es por esta razón que la cartera de medioambiente debe abordar este y futuros desastres apoyándose en la capacidad y conocimientos de biólogos, oceanógrafos, ingenieros ambientales, expertos en derecho ambiental, entre otros profesionales con genuino mérito y capacidad comprobada para brindar soluciones concretas. Asimismo, es imperativa una labor de supervisión adecuadamente planificada enfocada en la remoción y limpieza por parte de la empresa. En otras palabras, el Dr. Montoya debe garantizar que tanto el escrutinio, las decisiones y las sanciones aplicadas sean imparciales, legales y sobre todo, apolíticas. El capital natural es de todos los peruanos y por ende deben primar los intereses del Estado incluidas la salud y bienestar de todos sus ciudadanos.

No obstante, es importante subrayar que el caso de Repsol no es el primero en su tipo. Durante los últimos veinte años nuestro país ha registrado más de 500 derrames de petróleo principalmente en la selva debido en su mayoría a serias deficiencias en infraestructura o producto de actos de vandalismo disfrazados de protestas sociales entre otras diversas causas. Lo curiosos es que ninguno de estos problemas haya sido abordado con la misma magnitud y atención mediática como el caso de la transnacional española.

Responsabilidad compartida: redefiniendo lo social de lo ambientalmente responsable

En el Perú existen empresas que aún parecen confundir el concepto de responsabilidad social con responsabilidad ambiental. Las regulaciones para el cuidado de la naturaleza son un requerimiento para el funcionamiento de cualquier organización en nuestro país. Esto significa que son de carácter mandatorio y no opcionales. El problema se agrava pues el Gobierno peruano presenta serias deficiencias en cuanto a las labores de monitoreo, fiscalización y regulación debido, en gran medida, a la deficiente cobertura por la falta de recursos económicos (o su poco efectiva distribución/uso) así como por falta de capital humano calificado, especialmente en zonas remotas y alejadas del territorio nacional. En síntesis, existe una responsabilidad compartida entre el Estado y la empresa privada.

El caso Repsol debe servir de lección para que como sociedad redefinamos la forma en que premiamos y valoramos a las compañías por su desempeño socioambiental. Ocurre que muchas organizaciones suelen macerarse en sus galardones, certificados o asociaciones perdiendo de vista la visión objetiva de una gestión operacional responsable. Sin embargo, ha quedado claro una vez más que el papel y el marketing aguantan todo y que es la praxis la que finalmente distingue los errores y negligencias de los logros y aciertos. Es muy probable que la era de las buenas intenciones esté llegando a su fin para dar paso a una métrica, cuantificación y gestión operacional medioambiental clara, transparente y responsable.

*Artículo publicado en La Cámara, revista digital de la Cámara de Comercio de Lima el 28 de febrero del 2022.