La pandemia de la COVID-19 generó una disminución del 13 % en la población ocupada en el Perú al cierre del 2020, en comparación al 2019. Sin embargo, el impacto no fue igual en términos de género. Al menos el 17.1 % de mujeres perdieron sus empleos durante el año pasado, mientras que el porcentaje de varones fue de 9.8 %. Además, en áreas urbanas, sólo 58 de cada 100 mujeres en edad de trabajar participaron en actividades económicas, frente a 77 de cada 100 hombres. 

Antes de la pandemia, el trabajo femenino en el Perú ya era predominantemente informal, a tiempo parcial y bajo la modalidad de autoempleo. Recordemos que más del 70 % de mujeres laboraban en negocios informales. Por todo ello, este grupo resultó más afectado ante las restricciones que se impusieron para detener el avance del virus, ya que, en muchos casos, no existía la posibilidad de trabajar de manera remota. 

A todo ello, debemos sumar que la suspensión de actividades educativas presenciales implicó un aumento de la carga laboral familiar y no remunerada, la cual aún recae de manera tradicional en las mujeres. La sobrecarga generada por la crisis afecta las posibilidades de las mujeres de acceder a empleos remunerados y de crecimiento profesional a futuro.   

Impacto en la calidad de vida

El impacto económico y social en las mujeres durante la pandemia se explica por su presencia mayoritaria en los sectores más afectados y porque los negocios donde trabajaban eran informales y temporales. Por ejemplo, ellas representan el 59 % de la fuerza laboral en servicios de hotelería y turismo. Además, en los rubros de servicios y comercio, cuatro de cada cinco trabajadores urbanos eran mujeres. 

El desempleo dificulta la estabilidad económica de las mujeres, su acceso a servicios de salud y la educación a la que podrían acceder sus familias.

Para las mujeres que quieren y/o necesitan trabajar, la falta de empleo adecuado podría afectar sus vidas personales y su capacidad de mantenerse por sí mismas. En muchos casos, también dificulta su estabilidad económica, su acceso a servicios de salud y la educación a la que podrían acceder sus familias. Por el contrario, contar con un empleo formal y remunerado coadyuva al bienestar sostenible para ellas, sus familiares y su comunidad en general.

Obstáculos que enfrentar

Las mujeres con hijos menores de seis años enfrentan mayores problemas para su inserción laboral y permanencia, entre otros factores, por la menor disponibilidad de tiempo y la ineficiencia de las redes de apoyo. En nuestro país, son muy limitadas las opciones de cuidado infantil adecuadas y con acceso universal, ya sean gratuitas o a costos razonables para la gran mayoría de familias. 

Los cálculos indican que los segmentos de mujeres en situación de pobreza y vulnerabilidad extrema experimentan impactos más acentuados producto de la crisis. Eso se debe a las reducidas oportunidades de fuentes de trabajo para ellas y el menor nivel educativo o la ausencia de educación superior. Asimismo, muchas mujeres disponen de menos tiempo para trabajar por la mencionada desproporcionalidad en la carga de responsabilidades domésticas no remuneradas. 

De otro lado, esta crisis y el confinamiento, aunados a un menor acceso a redes de apoyo públicas o privadas, como efectos de las medidas sanitarias, generaron el aumento, de hasta 30 %, de los casos de violencia doméstica en el mundo, según datos de las Naciones Unidas al 2020. Esta situación repercute de forma directa en muchos ámbitos, que van desde la salud física y mental hasta la productividad laboral, lo que limita las posibilidades de preservar la autonomía económica.

¿Cómo revertir esta situación?

Desde el sector público se pueden realizar diversas acciones que promuevan la participación de la mujer en la actividad económica y, en especial, en el empleo formal. Algunas iniciativas son: 

• Diseñar instrumentos que favorezcan el trabajo remoto y la flexibilidad laboral para facilitar la incorporación de mujeres en el mercado laboral. 

• Generar iniciativas de políticas públicas para mejorar la prestación de servicios públicos, especialmente en redes y sistemas de cuidado infantil.

• Implementar políticas que refuercen el acceso real de las mujeres a la educación superior (técnica y universitaria) en profesiones y carreras destinadas a todos los sectores productivos. Así, serán más competitivas en el mercado. 

• Desarrollar políticas inclusivas de género y diversidad que resulten efectivas para las trabajadoras, a fin de brindar acceso equitativo al empleo. 

• Trabajar en políticas de reclutamiento sin sesgos inconscientes, políticas de compensación equitativas, soporte del desarrollo de carrera y de liderazgo femenino, y programas que faciliten el cuidado infantil para hombres y mujeres, e incentiven la responsabilidad conjunta en el trabajo y en el hogar.  

• Los líderes y directivos, hombres y mujeres, deben aplicar las políticas destinadas al empoderamiento laboral femenino en su labor cotidiana para promover el ejemplo con el resto de los equipos de trabajo.

Hay que recalcar la importancia de que el Estado implemente medidas para mejorar la empleabilidad de las mujeres, con un monitoreo efectivo de resultados, promoviendo así la modernización de la legislación y la regulación laboral, con un trabajo articulado que elimine aquellas barreras que limitan la participación laboral femenina y su desarrollo profesional en general. 

La pandemia ha generado un retroceso en los años de avances en equidad laboral para las mujeres en el Perú, pero también representa una oportunidad única de cambio positivo. Es el momento de actuar y eso nos corresponde a todos: Estado, empresa privada, academia y líderes profesionales, cada uno desde sus espacios de acción. Promover este cambio es nuestra responsabilidad. ¿Qué otras acciones se necesitan al respecto? Déjanos tu opinión.