La corrupción es un problema que aqueja a muchos países, y el Perú no escapa de esta realidad. Es un país pluriétnico, pluricultural y multilingüe, donde los gobiernos que se sucedieron desde 1824 hasta la fecha no han tenido la voluntad de forjar una nación unitaria, diversa ni descentralizada. Al contrario, todo el poder político se concentra en Lima, desde donde aún se gobierna. 

¿La corrupción es un problema o es algo sustancial para cubrir necesidades? ¿Forma parte de la naturaleza humana o es una enfermedad que debemos erradicar? ¿Existe en el país un grado de aceptación? Lo cierto es que la sociedad se encuentra en una constante lucha para obtener el menor grado posible de corrupción en el país o, por lo menos, es que lo que se desea aparentar. 

Un problema permanente

Según el último Índice de Percepción de la Corrupción de Transparency International, Nueva Zelanda y Dinamarca son los países menos corruptos del mundo, con puntuaciones de 90 sobre 100. Perú se ubica en el puesto 101 de 176 países, con una puntuación de 35, que refleja un alto nivel de corrupción.

Según la última Encuesta Nacional Urbano-Rural, la corrupción es el principal problema del Perú, seguida por la delincuencia y la inseguridad.

Otros países como Finlandia, Suiza, Noruega, Holanda, Alemania y Reino Unido también registran niveles de corrupción muy bajos. Todos se caracterizan por tener gobiernos abiertos, libertad de prensa, libertades civiles y sistemas judiciales independientes. 

Según la última Encuesta Nacional Urbano-Rural, la corrupción es el principal problema del Perú, seguida por la delincuencia y la inseguridad. Existen muchos documentos que proponen soluciones, como la Comisión Presidencial de Integridad que se entregó a Pedro Pablo Kuczynski, hoy expresidente, en el 2016. Solo 30 de las 100 recomendaciones fueron implementadas.

La población peruana se encuentra cansada de esta realidad cargada de tanta corrupción. Solo es cuestión de recordar el caso de Vladimiro Montesinos en la década de 1990. Fue el hombre más poderoso del país, cuyo poder, incluso, sobrepasaba al del expresidente Alberto Fujimori. Sus delitos incluyeron corrupción de funcionarios, usurpación de funciones, homicidio calificado y desaparición forzada. 

Otro caso es la constructora Odebrecht, relacionada con pagos y sobornos de 29 millones de dólares en promedio, entre el 2005 y el 2014. Entre estos años gobernaron Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala. Más recientes son los casos de corrupción de jueces, las denuncias a raíz de los audios del ex juez supremo César Hinostroza y el caso Cocteles, que involucró a la lideresa del partido político Fuerza Popular, Keiko Fujimori. 

Asociaciones por interés

Ahora analizaré la toma de decisiones en el caso Odebrecht, según los modelos de Allison. La empresa llegó al Perú en 1979. Se cree que, desde entonces, apoyaba económicamente a los postulantes a la presidencia que se ubicaban en los primeros puestos, con la intención de que le retribuyeran con obras públicas de gran magnitud, si llegaban a ser elegidos. 

Hoy la empresa sigue involucrada en cinco obras importantes: el Gasoducto Sur Peruano, la Vía de Evitamiento de Cusco, obras de la Panamericana Norte Sur, carretera Ramiro Prialé y la vía Costa Verde del Callao. Asimismo, las empresas vinculadas en estos proyectos son Graña y Montero, JJC Contratistas Generales, ICCGSA y Compañía San Martín. 

Estas empresas aseguraron desconocer las operaciones ilícitas de la constructora y los supuestos pagos de sobornos a funcionarios, candidatos y presidentes. Sin embargo, la Fiscalía sospecha que estos empresarios financiaban parte de la coima de los proyectos y que existe una gran probabilidad de que conocieran las operaciones corruptas de Odebrecht para lavar dinero. 

Es evidente que las empresas asociadas, los funcionarios de las entidades estatales y los candidatos presidenciales tuvieron posturas, necesidades, prioridades y percepciones distintas, unos de otros. Cada uno manejaba niveles de riesgo particulares, pero al final todos tuvieron alguna negociación necesaria para obtener un beneficio de acuerdo a sus intereses individuales. 

En este caso, se ha identificado el modelo político de Alisson. Es evidente que los problemas fueron solucionados mediante la negoción. Asimismo, se determinó que cada actor tenía objetivos diferentes y supo desarrollar diversas alternativas para lograr un resultado eficiente.

¿Qué entidad del Estado debe asegurar que no se repita lo ocurrido con Odebrecht? Si bien es cierto que el caso fue descubierto por Estados Unidos, de ser por el Gobierno peruano, la empresa seguiría trabajando con regularidad. ¿De qué manera se puede evitar que no volvamos a vivir escenarios similares? Compártenos tu opinión.