La defensa de los valores democráticos también implica nuestro deber, desde la sociedad civil, de ser celosos vigilantes para no permitir desvíos en el rumbo democrático, para que se sigan respetando las libertades inherentes a la democracia, como son la libertad de empresa y la libertad de expresión.

Asimismo, debemos ser vigilantes para que se mantenga el rumbo económico que ha permitido en estos años que avancemos por la senda del crecimiento y el bienestar. Esto implica mantener el modelo de economía de mercado.

Hasta el 28 de julio, el presidente electo y su equipo de transición deben recoger las propuestas hechas durante la campaña electoral y elaborar un plan de gobierno final. El resultado deberá ser un mensaje a la Nación que contenga lineamientos y medidas que le den tranquilidad a los peruanos y a los inversionistas nacionales y extranjeros con la finalidad de seguir generando más trabajo para más peruanos y así avanzar en la derrota de la pobreza.

No emitir un claro mensaje en ese sentido será destructivo para el país y tendrá como resultado echar por la borda dos décadas de manejo económico responsable. En lo que se refiere a las inversiones mineras, que es el rubro en el que me desempeño, durante la campaña electoral las dos candidaturas que fueron a la segunda vuelta coincidieron en proponer la aplicación de impuestos a las sobreganancias mineras. 

Pero también coincidieron en no establecer con qué criterios se define la sobreganancia, ni la tasa que sería aplicada por ese concepto. Tengo entendido que uno de los integrantes de la junta de transición que trabajará de cara al cambio de gobierno, Luis Alberto Arias (ex jefe de Sunat durante el gobierno de Valentín Paniagua), elaboró una propuesta publicada por el Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES) en la que plantea "evaluar el tratamiento de la tributación del sector minero con miras a aplicar un régimen estable que permita la atracción de la inversión y una adecuada distribución de beneficios en coyunturas de precios altos y bajos".

Con ese objetivo, el autor propone introducir modificaciones en la tributación minera, que permitan al Estado y a las empresas compartir beneficios y riesgos, aumentando la participación del Estado en períodos de buenos precios y disminuyéndola en períodos de bajos precios. Y lo que es más importante, Arias señala que se debe mantener la tasa actual del impuesto a la renta en 30%.

En el caso de las regalías, el especialista sugiere aplicarlas en función a la rentabilidad y no a las ventas o ingresos de las compañías mineras, con lo cual coincidimos. Así, propone que la tasa de la regalía sea mayor si la rentabilidad o margen operativo aumenta (épocas de altos precios), y menor si la rentabilidad o margen operativo disminuye (épocas de bajos precios). Este me parece un criterio razonable.

Pasando de este caso particular a lo general, el nuevo gobierno debe escuchar a los técnicos en materia económica. Así como en el tema tributario debe escuchar a los especialistas en políticas fiscal y monetaria. 

Habrá que ver si el nuevo gobernante da esos pasos y por ello considero crucial mantenerse alerta y vigilante en defensa de los logros alcanzados por la sociedad peruana en conjunto.

En su opinión, ¿qué señales debe dar el virtual presidente electo para generar confianza entre los inversionistas y los ciudadanos?