Debemos empezar por una básica diferenciación, ya que en el análisis y en la opinión pública, equivocadamente, se ha agrupado dentro de la misma esfera de "minería informal" a todo lo que no encaja como gran minería o mediana minería. En este sentido, existen tres categorías, cada una distinta de la otra y poseedoras de una dinámica propia: 

La minería artesanal es aquella actividad realizada desde hace siglos y que es parte de una economía de subsistencia de poblaciones andinas y amazónicas que diversificaron sus ingresos con la actividad minera. De hecho hoy es su principal actividad. 

La realizan personas con poca especialización, con una tecnología muy básica, que efectúan movimientos de tierra en volúmenes muy pequeños (hasta 1,000 hectáreas de concesión y 100 TM por día). Esta actividad igual que todas es dañina en su escala, pues la tecnología utilizada no contempla la optimización del uso de insumos (mercurio y otros).

La minería informal, por su parte, está compuesta por aquellos mineros artesanales que pasaron a mover mayor volumen de tierras, utilizando herramientas más sofisticadas y una mayor tecnología, obteniendo así una mayor rentabilidad, dejando de lado la economía de subsistencia. Son informales porque no cuentan con los permisos necesarios para la actividad y no tributan al Estado. La categoría informal hace referencia al estatus administrativo y jurídico más que a una categoría productiva. 

El problema (que no justifica el desarrollo de esta actividad) es que los pasos para formalizarse son muchos y muy tediosos, además de representar un gran costo en tiempo y dinero, todo lo cual parece estar empujando a este sector a mantenerse en la informalidad o incluso migrar hacia la ilegalidad.

La minería ilegal, precisamente, es aquella que ya no está definida solamente por el volumen de tierras que mueve (que en algunos casos puede ser la misma o mayor cantidad que una empresa de mediana minería), sino sobre todo porque desarrolla sus actividades afectando los derechos de otros. Por ejemplo: en reservas naturales o áreas protegidas, vulnerando estas zonas, contaminando el medio ambiente y causando efectos sociales terribles; como prostitución infantil, trata de blancas, explotación de personas, etc. 

Esta actividad, concentrada principalmente en casi la mitad de las regiones del país, representa uno de los problemas principales que debe afrontar el Estado no solo por sus efectos nocivos a nivel medioambiental y social, sino porque, a pesar de su ilegalidad, se ha convertido en una actividad atractiva y rentable de la que depende una gran parte la población peruana (aproximadamente un millón de personas), lo que hace aún más difícil combatirla.

Veamos, por ejemplo, la rentabilidad de este negocio. Y para ello ubiquemos dentro de la estructura social de los mineros informales a la categoría más baja: las payaqueras, aquellas mujeres que equipadas con un martillo y una batea buscan pequeños rastros de oro en los residuos dejados por la actividad minera ilegal de mayor escala. 

Si tenemos en cuenta que la menos competitiva de estas payaqueras consigue hasta 4 gramos por semana y que un gramo de oro de la menor calidad (10 kilates) se vende en el mercado por S/. 48, veremos que pueden estar percibiendo como mínimo unos 200 soles semanales, lo que equivale a un ingreso de S/. 800 mensuales, casi el sueldo de un profesor.

Imaginemos ahora que consiguen oro de la mejor calidad (24 kilates), valorizado en S/. 115 el gramo. Con la ecuación anterior, y a razón de 4 gramos semanales, sus ingresos pueden fácilmente superar los S/. 1800 mensuales. 

Como podemos ver, la minería ilegal  se ha convertido en un gran incentivo para las personas que ven en el sector minero la única alternativa para dejar de ser pobres y para aquellas que dedicándose a esta actividad consiguen ingresos superiores a los que obtendrían realizando algún otro oficio. 

Esto es peligroso, pues si el incentivo es alto ninguna acción coercitiva podrá detener el desarrollo de esta actividad, por lo que en algunos casos la política de interdicción no solo es inútil sino que representa un estímulo para la mayor ilegalidad. Debemos tomar nota de ello para así elaborar políticas que permitan disminuir esta actividad y lidiar con los pasivos que ello conlleva.

¿Qué acciones debería tomar el Estado, más allá de la interdicción, para luchar contra la minería ilegal?

Esta entrada contiene un artículo de:

José Ventura

PhD in Management Science, ESADE-Barcelona. MBA, ESAN. Diplomado en Gerencia Política, George Washington University. Experto en reforma del Estado, redes participativas y relaciones público-privadas. Se desempeña como Project Manager de las Naciones Unidas. Senior del Banco Mundial y la Cooperación Alemana. Profesor de la Maestría en Gestión Pública de ESAN.